Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el mundo vive un tiempo de convulsión a todos los niveles: social, económico, individual agravado por lo que es lo más grave los problemas de salud, el déficit sanitario y la inidónea atención a los más necesitados. Ello se traduce en alarma, miedo, incertidumbre y ansiedad por el presente y el futuro, en relación a la salud de las personas y la propia supervivencia por la crisis sanitaria y económica que ya están aquí y se han quedado al menos a medio plazo, confiando en que éste sea lo más corto posible. La preocupación del presente es la salud de los ciudadanos; la del futuro la economía y la exigencia de responsabilidad por todas las negligencias e incompetencias realizadas por los gobernantes en cuanto encargados de la gestión de esta gran crisis sanitaria y económica de proporciones bíblicas.
De dichas gravísimas consecuencias no se ha librado España sino que por el contrario los efectos del Covid-19 están siendo aún más intensos que en otros muchos países, evolucionando la pandemia de forma galopante por la dejadez, inconsciencia y negligencia de nuestro Gobierno que a pesar de las advertencias y alarmas de organismo internacionales (OMS) ha perdido un tiempo precioso para haber atacado con previsión el problema como han hecho otros países como Italia, Corea o China. Ese tiempo tampoco se ha empleado en una planificación para una futura gestión eficaz de medios – personales y materiales – y de recursos de nuestra sanidad pública y privada.
Además de ello se han autorizado eventos multitudinarios de una forma negligente pues ya había conocimiento de la existencia y peligrosidad de la pandemia lo que se ha puesto de manifiesto especialmente con la escalada de contagios en Madrid y Valencia.
Todo ello ha producido unos estrangulamientos y cuellos de botellas en la oferta y provisión de los servicios públicos sanitarios, al que han sido ajenos todos los profesionales del sector público, que con una responsabilidad, profesionalidad, valentía y coraje estoico han dado a éste país lo mejor de sí mismos y un ejemplo que perdurará para siempre en la conciencia ciudadana; siendo solamente imputable dicha ineficiencia y desastre de gestión al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a la Comisión
El nefasto resultado salta a la vista al producir la pandemia un colapso en todos los hospitales españoles. Desde el punto de vista de la oferta pública sanitaria: falta de personal sanitario e ineficiente distribución del mismo con una falta de agilidad y previsión por parte del gobierno para reordenar al personal sanitario y acometer nuevas contrataciones; falta de material necesario para que el personal sanitario pudiera trabajar con seguridad para su salud y la de los españoles, reconociendo desde este momento el trabajo heroico que están realizado y echando en falta; desprecio a la sanidad privada que podía haber completado, desde el origen de la crisis, el déficit de oferta de camas y personal sanitario; desprecio a las iniciativas privadas de donaciones por entidades privadas; incautaciones de materiales en centros de producción o en áreas de importación que han creado y generado auténticos conflictos entre las Administraciones competentes y una alarma por parte de los ciudadanos por el posible trasvase del material de unos territorios a otros y el consiguiente retraso de entrega de material sanitario.
A esa falta de coordinación, mejor llamada caos organizativo y de gestión, imputable dicha responsabilidad a la Administración del Estado y más concretamente al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad que ha asumido el mando de la gestión sanitaria en todo el país y que ha provocado que las Autoridades competentes en la Sanidad en las Administraciones Autonómicas y de la Administración Local hayan tenido que buscar sus propios medios y recursos, adoptando con valentía medidas urgentes como la coordinación de sus medios personales, la adquisición de material sanitario y contracciones suplementarias de gasto público, la adopción de unas hojas de ruta urgentes en las que están siendo especialmente sensibles las ayudas del ejército – Ministerio de Defensa – y del sector privado, mediante la construcción de Hospitales de campaña y sus provisiones de recursos como las compañías Inditex, Banco de Santander y otras muchas a las que España los ciudadanos españoles les estarán siempre agradecidos.
Tampoco se ha hecho aprovisionamiento de “test” y por tanto a diferencia de otros países se han realizados una proporción mínima lo que ha supuesto una autentica ignorancia en la lucha contra la pandemia y la multitud de contagios de nuestros sanitarios; tampoco se ha aprovechado la red farmacéutica y las consultas privadas de médicos que voluntariamente se hubieran adherido al sistema y cuya gestión se hubiera centralizado en los Colegio Médicos, de un modo eficiente en cuanto que han sido mínimamente abastecidos y podían haber tomado temperaturas termómetros laser y realizado test en toda España con determinadas medidas de seguridad de no permanencia en las farmacias y de no concentración de personas.
Finalmente se ha echado en falta la creación de tres Centros de Emergencia: un centro único de emergencia de compras en el que se aglutinaran las adquisiciones de material sanitario, mascarillas, geles, test y demás material, demandados por el Estado, CCAA y Entidades Locales , Sanidad Privada, Cooperativas Farmacéuticas y Colegios de Médicos , en el que estos entes realizaran los pedidos de sus necesidades “on line”; un centro único logístico de distribución en función de los pedidos on line a las CCAA, Ayuntamientos, Farmacias y Colegios Médicos; y un Centro único de análisis sanitario y Estadistico , el mismo Ccaes, pero dotado de mucho más médicos, investigadore, Economistas de la Salud y Estadísticos del Estado abierto las 24 horas del día para el análisis de la situación, de los test realizados y dando información puntual de la situación de todas y cada una de las provincias de España y de las CCAA y determinando en función de ello las necesidades por provincia y por Hospitales.
Y decimos un centro único de compras pues la pandemia la tienen todos los países del mundo antes o después convirtiéndose el material sanitario en un producto escaso, en el nuevo “oro” por lo que dicha central de compras al aglutinar todos los pedidos del país tendría un poder de mercado muy superior al de realizar los pedidos cada entidad por su cuenta. Hay competencia entre los países en cuanto demandantes de los productos sanitarios necesarios para luchar contra el corona virus. Pensemos que EEUU va arrasando enormes pedidos, tiene su propia logística e incluso mandan sus aviones a recogerlos.
Reflexionemos que las cadenas de distribución alimentaria no están fallando se están comportando eficientemente tanto por los organizadores y logistas de las grandes superficies y otras empresas del sector junto a los transportistas. Por ello y ante la falla del mercado se debería de contratar personal privado con experiencia en las compras internacionales como en la distribución logística, debiendo de haberse hecho además convenios para distribución con la asociación de transportistas, Logista y otras entidades privadas del mercado.
Es tradicional la intervención económica del Estado cuando el mercado falla; en éste caso ha sido el Estado quien ha fallado y el mercado, la actividad privada es la que está reanimando la incapacidad e ineficiencia del Estado, por ejemplo Inditex, Banco de Santander y tantas empresas que a través de sus gestión y organización están realizando donaciones y llevando a cabo una actividad en aras del bien común.
UNO.- Por Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho estado de alarma está regulado en la Ley Orgánica 4/ 1981, ley postconstitucional, que habilita al Gobierno para que, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declare el estado de alarma, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.
DOS.- Consecuencia de dicho estado de alarma y en base a lo dispuesto en el artículo 1 apartado cuarto de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, sitio y excepción: << La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado>>.
Veamos cual está siendo el funcionamiento
2.1.- El poder ejecutivo está en funcionamiento pero bloqueado en sus tomas de decisiones “ sono solo parole” que cantaba Mina: ruedas de prensa vacuas y vacías de contenido y medidas, avisos de compras que no llegan, avisos de test – sin tener los medios y herramientas- que no se hacen, incautaciones de material sanitario que luego no se reparten y que generan discrimanaciones entre territorios. Bloqueo y caos total.
2.2.- El poder Judicial está actuando bajo servicios mínimos como se recoge en el comunicado del Consejo General del Poder Judicial, que establece que durante el estado de alarma sólo podrán presentarse escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales declaradas urgentes e inaplazables y siempre a través de Lexnet, plataforma de presentación de escritos judiciales. El CGPJ entiende que, “ignorar estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad de la declaración de estado de alarma, en la medida en que la presentación de un escrito desencadenaría la obligación procesal de proveerlo, actuación procesal que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, debe entenderse suspendida” Así el 14 de Marzo de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado en sesión extraordinaria la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, a la vista de las medidas contenidas en el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con la pandemia de coronavirus COVID-19 en el que se declara el estado de alarma y mientras se mantenga este.
2.3.- Con posterioridad el 19 de Marzo de 2020, se emite nuevo comunicado en el que palia el anterior régimen de actuación asumiendo su plena responsabilidad en cuanto poder del Estado y cumpliendo lo dispuesto en el artículo 1. 4 de la Ley Órganica 4/1981. A tal efecto se recoge en dicho comunicado:
<< En este contexto, la actuación de los jueces es no solo expresión de uno de los Poderes del Estado, sino el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma y, por tanto, constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado. Es precisamente en los momentos de crisis cuando a cada cual le corresponde cumplir su compromiso con los demás. Es el momento de dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos. Ni la Administración de Justicia ni sus servidores estamos eximidos de ese compromiso y es ahora, más que nunca, cuando se nos debe exigir un ejercicio de responsabilidad. Esa medida supondría también un grave menoscabo para la integridad de los derechos de los ciudadanos y socava igualmente la igualdad de sus derechos en todo el territorio nacional, al hacer inefectiva en la práctica la tutela que para la protección de esos derechos han de prestar Jueces y Tribunales. >>.
2.4.- El poder legislativo es el que está en situación de mayor parálisis cuando se debería de reunir en cuanto omisión Permanente con una mayor asiduidad, incluso se suspendió la actividad el 10 de Marzo y está actualmente en auténtica “ hibernación”con suspensión de las inciativas parlamentarias lo que contraviene el artículo 1.4 de la Ley 4/1981 anulando su esencial función de control del poder ejecutivo.
En el llamado Estado de Alarma, más parecido a un estado de sitio, se han limitado y están cuestionadas tanto libertades públicas como derechos fundamentales de los ciudadanos entre las primeras, el derecho a circular libremente limitando la libertad deambulatoria, la libertad a la seguridad personal; y entre los segundos el derecho de reunión, el derecho a una información pública y veraz y el derecho de asociación. Además, por la falta de medios sanitarios y la incapacidad de abastecer a hospitales consecuencia de la negligente actuación del Organo del Ejecutivo encargado de la gestión sanitaria – cuatro Ministros y el responsable de Ccaes -dichos recursos se está poniendo en cuestión tanto el derecho a la salud y el derecho a la vida pues en conjunción con el principio de igualdad se tienen que tomar decisiones selectivas de atención a las personas llevando la peor parte nuestros mayores y las personas con patologías previa.
Compartimos el confinamiento a pesar de dichas limitaciones de libertades y derechos fundamentales, pues al no haberse realizado test como en otros países no hemos identificado si somos portadores, asíntomáticos, vulnerables o invulnerables.
El director de esta organización, Tedros Adhanom había sido claro: «No puedes luchar contra un virus si no sabes dónde está» .
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